La Ley de Bases sobre el Medio Ambiente, uno de cuyos principales componentes es el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, SEIA, constituye un avance y demostración plausible de que nuestro país quisiera ponerse al nivel de otras naciones mas adelantadas en el cuidado de su medio ambiente. Naciones, alguna de ellas, tan “desarrolladas” que a veces lo que cuidan ya tiene poco de natural, valor irrecuperable del que aquí aun podemos enorgullecernos. Eso, mientras algún gobernante nuestro pretendía que primero teníamos que llegar al nivel de desarrollo de ellos y después nos podíamos “dar el lujo de cuidar el ambiente”…¿Paradojas del subdesarrollo ?

 

El SEIA es administrado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), compuesta por ministros y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, COREMA compuestas por intendente, secretarios regionales ministeriales, gobernadores y dos miembros del CORE. O sea, la decisión final la toman políticos del gobierno de turno, que reciben órdenes, que las más de las veces son legos en lo ambiental y suelen tener otras prioridades.

 

En lo más técnico, el SEIA exige la presentación de Declaraciones Ambientales (DIA), o Estudios de Evaluación de Impactos Ambientales (EIA), a los proyectos que los provocan. Y aquí ya comienzan los cuestionamientos al sistema, al haber proyectos que quedan fuera, como los caminos que atraviesan áreas vírgenes y otros a los cuales se les bajó de perfil a sólo presentar DIA, como a la mayor parte de las salmoneras. Por cierto, también ocurre que la sumatoria y/o sinergia de impactos evaluados con DIAs terminan por constituir mega-impactos merecedores de estudios más acuciosos. Y ocurre que impactos inadecuadamente evaluados en una DIA, como aquel de la exploración en El Tatio, terminan en un desastre.

 

Y, a propósito de exploraciones, abundan aquellas que ni siquiera llegan a ser evaluadas con DIA, como ocurrió con las prospecciones geológicas de HidroAysén al lado del Parque Nacional Laguna San Rafael y los túneles que emitieron por meses aguas con plomo, arsénico, aluminio, hierro, manganeso, coliformes, aceites y grasas por sobre lo permitido al Baker, hasta que por requerimiento del Senado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios los obligó a tomar medidas para evitar esa contaminación.

 

En cuanto a los EIA, estos son más exigentes e incluyen participación ciudadana. Una participación harto sui generis donde simples afectados, que a veces ni saben leer, tienen 60 días para entender marmotretos hechos por decenas de especialistas durante años, presentados en forma lo más latera y complicada posible y que para muchos, son más para mantener entretenidos a los afectados, que para que realmente se considere sus observaciones. Y si los ciudadanos sufren, los revisores públicos también. Eso, porque 30 días para revisar miles de páginas y planos presentados con saña, manipulando y ocultando información, sobre 14 o más proyectos en uno, como ha estado ocurriendo en Aisén, es tarea no menor. Y después, tienen 15 días para informar sobre las respuestas de la empresa (llamada “adenda”), la que tiene todo el tiempo que quiera para presentar hasta un proyecto rehecho, otra vez en miles de páginas.

 

En otro ámbito, la evaluación de impactos es toda una industria, donde para variar prevalecen las transnacionales (como nuestras conocidas 2M Hill, Knight Piésold, SWECO) y en la cuál la ética es algo venido en menos. Así es como se ha detectado, hasta la presentación de expedientes de DIA salmoneros calcados y en estas o los EIA se puede poner cualquier cosa. Así ha sucedido, por ejemplo, con los EIA de Alumysa del 2000, de Energía Austral de enero 2007 y aquel presentado ahora sobre el mismo proyecto Río Cuervo. Donde primero se afirmó que los volcanes Maca y Cay eran inactivos, para luego insistir en que no había riesgos sísmicos y ahora, “descubrir” que hay cuatro volcanes y 32 conos adventicios activos y que por el lugar cruza la falla Liquiñe - Ofqui, la más temida de todo el país, y que tras los sismos del 2007, ahora sí existe un gran número de peligros sísmicos. Así y todo, lo que se ve en la línea base del EIA actual, es que donde los peligros son evidentes, eso es convenientemente minimizado en la descripción del proyecto y su resumen ejecutivo como “falla terciaria” y como riesgos mínimos. Igual ocurre con el EIA de HidroAysen, donde, entre otras cosas, se afirma que su zona es de ausencia sísmica, mientras existen diversas evidencias de que eso no es cierto. Para que recordar los GLOFs y otros aspectos que no fueron considerados.

 

Extrañamente, pareciera que el papel de los EIAs aguanta cualquier cosa, sin que exista medida alguna ante estos fraudes que restan, aun mas, credibilidad a la institucionalidad ambiental nacional.