A pesar de los inmensos avances que se han dado en la conservación de hábitats terrestres y marinos en Chile en los últimos años, los muchos y hermosos ríos salvajes del país no cuentan con el mismo nivel de preservación. Actualmente, tan solo el 1% de los ríos de todo Chile - doce de 1.251 - cuentan con algún tipo de protección legal. 

 

Con la amenaza constante del represamiento (que ha dado lugar a la campaña #PatagoniaSinRepresas), la preocupación por la contaminación de actividades mineras y de otras índoles, los derechos de agua, la pérdida de especies endémicas, y otras cuestiones, varias organizaciones ambientales están encabezando un esfuerzo por conseguir una nueva ley de protección de ríos en Chile. 

 

La propuesta de ley, llamada “Ley Ríos Salvajes”, está inspirada por una legislación similar del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, que en 1968 aprobó la “Ley de Ríos Salvajes y Escénicos”, para fomentar una mejor gestión de los sistemas fluviales en todo Estados Unidos, además de motivar al público a colaborar en proyectos de conservación para sus ríos. Aquí en Chile la ley tendría unos objetivos similares: salvaguardar los valores medioambientales, sociales, culturales, ecológicos, turísticos y escénicos de estos ríos en la actualidad y para futuras generaciones, además de reconocer y promover usos económicos adecuados.

 

“Los ríos cumplen funciones esenciales para la preservación de los ecosistemas, así como de la cultura e incluso de resguardo de valores espirituales. Son parte importante del paisaje y de la vida. Justamente por su belleza y riqueza natural es que buscamos que sean protegidos por el estado de Chile”, dice Macarena Soler, fundadora de Geute Conservación Sur. 

 

 

 

 

Las diversas organizaciones involucradas en la iniciativa incluyen International Rivers, Ecosistemas, Terram, Ríos Salvajes, y Geute Conservación Sur, cuyos portavoces destacan, en un reciente comunicado de prensa que anunciaba la iniciativa, las consecuencias trascendentales de no proteger los ríos, especialmente con un cambio climático que está empeorando. Monti Aguirre, de International Rivers en Latinoamérica, dijo que “los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta. Ríos saludables con áreas de inundación intactas son nuestra mejor defensa en contra de las grandes inundaciones y sequías, consecuencias del cambio climático. Los ríos y el agua limpia nos presentan una visión de cooperación más allá de las fronteras”.

 

“De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales minero, agroindustrial, hidroeléctrico y de aguas servidas”, añade el presidente de Ecosistemas Juan Pablo Orrego, enfatizando aún más la necesidad de “una ley integral y eficaz”.   

 

Aunque existen leyes que proporcionan protección para algunos ambientes acuáticos en Chile, como las áreas marinas protegidas, los ríos se encuentran en una situación menos clara. El primer intento de cambio ocurrió en 2005 cuando se aprobó la Ley N.º 20.017, que dicta que los recursos fluviales (principalmente como fuentes de agua) han de ser preservados para el suministro de la población en áreas donde no hay otra alternativa para conseguir agua limpia y potable. Pero tan solo doce ríos han recibido esta denominación al considerarse que son de “suficiente” importancia e interés nacional como para recibir tal protección. 

 

Para más información, busca www.riossalvajes.cl