El alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, habló por muchos cuando después de una votación el mes pasado sobre el proyecto altamente controversial de la mina de carbón Mina Invierno, propuesta para la Isla Riesco al sur de la Patagonia Chilena, dijo que el gobierno central en Santiago está “ignorando las opiniones de las regiones y sus ciudadanos”. 

 

“No nos oponemos a proyectos que traigan trabajo y desarrollo a la región”, explicó Mimica después de que la comisión regional del medioambiente aprobara el proyecto el 14 de febrero. “Sin embargo, nos oponemos a un modelo económico que nos está siendo impuesto sin discusión, análisis ni participación por aquellos que serán afectados”.

 

El proyecto de U$480 millones respaldado por Copec, una de las compañías de bencina más importantes de Chile, y Ultramar, una compañía de embarcaciones chilena, está enfocado en construir la primera de cinco minas en la cuarta isla más grande del país el próximo año.

 

Quienes lo proponen dicen que el proyecto, que se espera produzca alrededor de seis millones de toneladas de carbón al año por más de 25 años, va a ayudar a Chile a disminuir las importaciones de carbón. Esas importaciones, dicen, van a aumentar si no dramáticamente, dada la construcción en el país de nuevas plantas de energía que usan carbón.

 

Pero los grupos medioambientales de Chile condenan la mina de carbón como un paso que acerca a la dependencia de la fuente de energía fósil más contaminante, y cuestionan la manera en que se tomó la decisión.

 

“Este proyecto se aprobó por un apuro, con poca advertencia para la gente, para evitar el escrutinio público”, dice Ana Stipicic, una ambientalista cuya familia es dueña de una propiedad en la isla cercana al proyecto y que ha dirigido la campaña de oposición: Alerta Isla Riesco.

 

Las autoridades aprobaron el proyecto en el primer día hábil para hacerlo, a pesar de tener hasta mediados de marzo para tomar su decisión final. Stipicic y los grupos medioambientales han archivado una apelación hacia las autoridades medioambientales nacionales. Dicen que si eso falla, van a ir a juicio.

 

“Teníamos una pequeña luz de esperanza de que al menos algunas de las autoridades votarían a conciencia, pero en lugar de eso los seleccionados (del presidente chileno Sebastián Piñera) están siguiendo órdenes del gobierno de Piñera en Santiago, que ha pedido la aprobación del proyecto sin importar las consecuencias para el medioambiente”.

 

De hecho, Piñera ya había incluido el proyecto de la Mina Invierno en su plan regional para Magallanes y la Antártica, anunciado en noviembre de 2010.

 

 

De acuerdo a las estadísticas oficiales, Chile importa más del 90% de las 5,5 toneladas métricas de carbón que consume anualmente. Y con diez nuevas plantas que se están construyendo y utilizan energía a carbón, y otras cinco en espera de aprobación, es muy probable que la demanda por el carbón aumente significativamente.

 

El carbón que se explotará en la Isla Riesco, ubicada al norte de la ciudad de Punta Arenas, es sub-bituminoso, una variedad que los expertos consideran una amenaza para el aire mayor que otras variedades de carbón de mayor nivel.

 

Además, el carbón será minado en fosas masivas abiertas, de 500 hectáreas (1200 acres) de ancho y alrededor de 180 metros (590 pies) de profundidad, con cada fosa equivalente en tamaño a aproximadamente 72 estadios de fútbol.

 

Los grupos medioambientales están preocupados no sólo acerca de los impactos en la salud pública y la implicancia de los gases invernadero por el aumento de la combustión de carbón, sino también acerca del efecto potencial de disminuir la población de 74 especies de fauna que están en riesgo. Estas incluyen pingüinos, ballenas, leones de mar y varios pájaros exóticos, muchos de los cuales gozan de cierta protección dentro de la Reserva Nacional Alcalufe en la isla y el parque marino Francisco Coloane.

 

Nicolás Butorovic, un climatólogo en la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, dice que testificó recientemente frente a las autoridades medioambientales acerca de cómo el modelo incluido en el estudio de impacto medioambiental del proyecto tenía profundas fallas. Él explica que la compañía anotó en el estudio que la máxima velocidad de viento en la isla es de 39,6 kilómetros (24,6 millas) por hora. Pero Butorovic, que ha estado estudiando las tendencias del clima en Magallanes por más de 15 años, dice que la máxima velocidad del viento en la región está comúnmente aceptada entre los 90 y 150 kilómetros por hora.

 

“Este proyecto va a operar todos los días, 24 horas al día”, comentó Butorovic a Patagon Journal. “El impacto del viento, que va a esparcir restos tóxicos de carbón en las haciendas, ganado y toda la vida de la isla, está asegurado”, dice Butorovic. “A los oficiales se les hizo notar este error, pero se apresuraron en aprobar el proyecto con el modelo tal como está por motivos políticos”.

 

Un estudio reciente, realizado por la Universidad Austral de Chile en Valdivia, también previno acerca de que los contaminantes de la mina impulsados por el viento afectarían el hábitat de una colonia de más de 10.800 pingüinos en el Seno Otway, una de las atracciones turísticas más importantes de la zona.

 

Tanto como el debate acerca de construir represas en la Patagonia, un tema trascendental en el conflicto sobre Isla Riesco es si existe deseo y visión política en Santiago para convertir a Chile en líder de energías alternativas, tales como eólica, solar y geotermal.

 

El refrán gubernamental actual es que Chile debe doblar sus fuentes de energía en los próximos diez años. Por lo mismo, el ministro de energía chileno, Laurence Golborne, dice que el país debe estar abierto a desarrollar cualquier fuente de energía que “cumpla con las normas medioambientales”.

 

A pesar de todo, se dio la aprobación medioambiental de una planta energética a carbón en Punta Choros, que hubiera estado situada a sólo 25 kilómetros de una frágil reserva marina cerca de la costa nortina de La Serena – hasta que Piñera mismo pasó por sobre las autoridades regionales e intervino para detener el proyecto – demuestra que la eficacia de las normas chilenas para proteger el medioambiente es habitualmente cuestionable.

 

Estudios técnicos de expertos de la Universidad de Chile, también muestran que Chile tiene más que suficientes proyectos de generación aprobados y en construcción en este mismo momento para alcanzar toda la energía que necesita hasta el año 2025. En ese caso, no es necesario tener vista a corto plazo del futuro energético de Chile y correr a aprobar proyectos medioambientalmente destructivos como la Mina Invierno en la Isla Riesco – o la inmensa planta de carbón Castilla recién aprobada para Punta Cachos en el norte de Chile.