Sara Larraín: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad"

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Chile Sustentable - Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
 
En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.
 
Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado.
 
Los cambios
Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.
 
Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.
 
Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.
 
Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.
 
Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.
 
La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó Larraín.