SEA da nuevo plazo a Cerro Bayo para responder observaciones a proyecto Mina Javiera

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CARV - Una nueva solicitud de extensión de plazo para responder las observaciones de los servicios públicos presentó el 20 de octubre la Compañía Minera Cerro Bayo (CMCB), en el marco de la evaluación ambiental de su proyecto de rehabilitación de los túneles de la mina Javiera, abandonada en 2008.  La faena hoy se encuentra completamente inundada, contemplando la iniciativa la extracción de 580 mil m3 de agua y depositarlos en la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida), cuyo volumen actual es de 330 mil m3.
 
Este es el segundo requerimiento de prórroga que realiza CMCB en el marco de la evaluación de la declaración de impacto ambiental (DIA) que presentara en febrero de este año.  El plazo original de respuesta al Informe Consolidado de Solicitud de Aclaración, Rectificación y Ampliación (ICSARA) fue el 25 de julio de este año, pero a petición del titular se postergó para el 23 de octubre.   El Servicio de Evaluación Ambiental aceptó la nueva solicitud y postergó el plazo hasta el 9 de agosto de 2018.
 
Con esta decisión, la viabilidad ambiental del proyecto será resuelta por el próximo gobierno.
 
Proyecto cuestionado
Diversos cuestionamientos se han planteado ante esta iniciativa, que triplicaría el caudal del estero El Baño que pasa por Bahía Jara y confluye hacia el lago General Carrera, aumentando su cota en 4,5 metros e inundando unas cinco hectáreas de superficie aledaña.  El problema es que las aguas al interior de la mina presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio” según consigna la propia DIA de la empresa.  Incluso en diciembre los pobladores expresaron su preocupación porque el agua de los túneles se encontraría “contaminada por aceites y petróleo de la antigua operación”.
 
El proyecto se emplazaría en un área “bajo protección oficial”, al estar dentro del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni – Lagunas de Bahía Jara.  A pesar de esta particularidad, el SEA no aplicó el artículo 11 letra D) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (y no solo declaración) para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.  Más aún, según el Sistema Nacional de Información Ambiental dicha área es “un ecosistema frágil con poca representación en el sistema de protección, con presencia importante de especies en categorías de conservación”.   Y en el informe final de la consultoría “Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara”, realizada en 2009, se establece que la zona es considerada “un área con valor ambiental relevante” cuyos cuerpos hídricos “como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”.
 
Estos y otros fundamentos llevaron a una serie de organizaciones y ciudadanos de la región a ingresar a principios de octubre un recurso de invalidación ante el Servicio de Evaluación Ambiental, requiriendo que se revierta la resolución que acogió a tramitación el proyecto mediante declaración de impacto ambiental y que se exija a CMCB un estudio de impacto ambiental.  Paradójicamente, aunque el organismo ya hizo pública en el sistema online la solicitud de prórroga de la compañía y su respuesta favorable, aún no sube al expediente electrónico el requerimiento ciudadano.
 
La mina Javiera se encuentra a menos de 10 kilómetros de la Delia 2, operación que se hizo ampliamente conocida luego que los mineros Enrique Ojeda y Jorge Sánchez quedaran atrapados en su interior producto del desagüe de la colindante laguna Verde.  Hasta hoy sus cuerpos no han sido rescatados, generando diversas movilizaciones en la región por la decisión de la empresa y el gobierno de desistir en las tratativas por el elevado costo involucrado.
 
Durante las últimas semanas se conoció, incluso, que Delia 2 operaba sin la autorización respectiva, al estar vencida la otorgada en 2011. 
 
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