Ecoceanos News — El Relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, publicó (08.03.2024), su informe de la visita realizada a Chile en mayo de 2023 en el cual aborda los impactos de las industrias mineras, forestales, salmoneras y el uso del agua dulce en el país sudamericano. En temas de la industria del salmón recomendó al Estado de Chile “establecer una moratoria a la expansión de la salmonicultura industrial intensiva a la espera de un análisis científico independiente”.

 

Este informe se presentó durante el 55 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, que se está realizando entre el 26 de febrero y abril del 2024.

 

Boyd es profesor adjunto de derecho, políticas y sostenibilidad de la Universidad de Columbia Británica.

 

El Relator de ONU alerta sobre la existencia de diversas “zonas de sacrificio” donde se «priorizan las ganancias económicas y los intereses privados por sobre el medio ambiente, la salud y los derechos humanos”.

 

David Boyd sostuvo reuniones con más de cien personas de organizaciones ciudadanas, comunidades locales y de pueblos originarios. En varios casos se señala que estas violaciones persisten desde hace décadas.

 

El informe llama la atención sobre que “los humedales de todas las regiones necesitan urgentemente una mayor protección frente a la industria y el desarrollo urbano”.

 

“Además de pasar varios días en Santiago, el Relator Especial viajó a varios otros lugares, entre ellos Concón, Quintero y Puchuncaví, en la región central, y Calama y San Pedro de Atacama, en el norte. Visitó la instalación de extracción de litio en el Salar de Atacama, operada por la Sociedad Química y Minera de Chile. También se desplazó a Puerto Montt, en la zona sur, donde visitó algunas instalaciones de salmonicultura en el estuario de Relocanví”.

 

Chile se adhirió al Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en diciembre de 2022 y se comprometió a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos respecto de la conservación y restauración de la biodiversidad, así como a proteger al menos el 30 % de todos los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos para 2030.

 

En la actualidad, el 21 % de la superficie terrestre del Chile se ha destinado a parques nacionales y otras áreas protegidas, mientras que el 42 % del territorio marino se encuentra bajo diversos status de protección. Sin embargo, la mayoría de estas zonas protegidas carecen de planes de gestión y los recursos humanos y financieros para realizar acciones de conservación son limitados.

 

 

 

Boyd considera un paso importante la reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAPs), el que estableció un sistema nacional e integrado de áreas protegidas marinas y terrestres.

 

Respecto a esto, la el Centro Ecoceanos indica que “es importante recordar que, mediante una agresiva campaña política y comunicacional, unida a un intenso lobby desarrollado por las patronales de la industria salmonera durante la discusión parlamentaria, logró que se rechazara el articulado que prohibía las actuales operaciones acuícolas industriales y el cultivo de especies marinas exóticas dentro del sistema de áreas protegidas del Estado”.

 

El informe del relator ONU señala que “Chile cuenta con una nueva y estricta legislación sobre cambio climático y merece ser felicitado por su liderazgo en el cierre de las centrales eléctricas de carbón, la generación de electricidad solar y la protección de una gran parte de su espacio marino”.

 

Entre los retos actuales figuran las zonas de sacrificio, la contaminación atmosférica, el acceso al abastecimiento seguro y suficiente de agua, la adaptación a la crisis climática y la aplicación efectiva de las leyes políticas ambientales”.

 

El informe de Naciones Unidas le señala al Estado chileno que “los pueblos indígenas tienen una función importante que desempeñar en la conservación de la biodiversidad en Chile”.

 

Las industria productora y exportadora de salmónidos de cultivo en Chile han aumentado exponencialmente en un 3.619% su producción en el período 1990-2022, posicionando al país sudamericano como el segundo productor mundial de este commodity con el 36% de la oferta global. Esto ha tenido graves impactos acumulativos y costos sobre el medioambiente, la biodiversidad acuática, y los derechos de los trabajadores, comunidades costeras y de pueblos originarios.

 

“La salmonicultura es una de las principales amenazas para el medio ambiente que enfrenta la Patagonia, especialmente el Parque Nacional Kawésqar, que es importante para la conservación de diversas especies y ecosistemas, entre ellos 32 especies de cetáceos” señala el informe del relator de ONU.

 

Agrega que “la industria del salmón ha contribuido al aumento de los desechos industriales en las playas, el agua y los fondos marinos”.

 

En el capítulo de conclusiones y recomendaciones el relator de Naciones Unidas, David Boyd, señala que para que Chile alcance “sus objetivos medioambientales, cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, mitigar la desigualdad y acelerar los progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, debería aumentar considerablemente el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente.

 

Además, sugiere “eliminar las zonas de sacrificio, reforzar las normas de calidad del aire, revertir la privatización del agua, seguir acelerando la generación de energía renovable, y hacer la transición hacia una economía circular”.

 

Y respecto a su visita a la zona sur donde opera la industria salmonera, el relator ONU recomienda establecer “una moratoria sobre la expansión de la acuicultura del salmón a la espera de un análisis científico independiente de los impactos ambientales adversos”.