Corte Suprema de Chile suspende construcción de parque eólico en Chiloé

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La Corte Suprema de Chile suspendió el viernes la aprobación medioambiental para el parque eólico planeado para la Isla de Chiloé en el sur de Chile. Varios científicos y grupos ecologistas habían expresado su inquietud sobre el proyecto Parque Eólico Chiloé de la empresa Chileno Sueca Ecopower, que pretende construir 56 aerogeneradores en la playa de Mar Brava de Chiloé. El proyecto podría amenazar uno de los habitats más importantes en el hemisfero sur para la ballena azul, un animal en peligro de extinción, -- la construcción y operación del parque eólico incrementaría tráfico de buques y posiblemente generaría contaminación acústica.
 
Aunque hubo mucha presión sobre Chile para requerir un estudio de impacto medioambiental sobre las ballenas azules, incluyendo una carta en diciembre al presidente chileno firmada por más de 40 científicos mundiales, también la Corte Suprema de Chile que raramente paraliza proyectos de inversión por motivos medioambientales, detuvieron el proyecto por los impactos posibles que podría tener sobre un sitio arqueológico indígena antiguo.
 
Bajo las leyes medioambientales de Chile,se tiene que hacer un estudio sobre el impacto medioambiental si el proyecto se sitúa en una zona con valor arqueológico. La corte alta dijo que un estudio antropológico en el apéndice presentado por Ecopower demonstró la importancia cultural y simbólica de numerosos montículos de conchas blancas de habitantes indígenas desde hace 5,000 años hallados en la playa de Mar Brava, pero que la comunidad indígena “no tienen posibilidades reales de influir en la implementación, ubicación y desarrollo del proyecto”.
 
De ahí, la Corte Suprema dijo que la aprobación del proyecto de Ecopower el año pasado por la comisión medioambiental de la región de lagos de Chile era “ilegal y arbitraria” porque falló en proveer una consulta apropiada a una comunidad indígena cercana como les fue requerido por la 169 Convención de la Organización Internacional de Labor sobre derechos de personas indígenas, que ratificó Chile en 2008.
 
Una consulta formal no se llevó a cabo porque el gobierno determinó que la más corta “declaración” medioambiental presentado por la empresa era suficiente, sosteniendo que el proyecto probablemente no tendría impactos medioambientales “significantes” que hubieran justificado un estudio de impacto ambiental completo.
 
Barbara Galletti, presidente del Centro de Conservación Cetacea, un grupo de protección mamífero en Santiago, dijo que la decisión de la Corte Suprema era una “victoria histórica” que afirma la obligación de las empresas de energía a completar estudios de impacto ambiental “cuando se amenazan a nuestro patrimonio cultural o a las especies en vías de extinción”.
 

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